Luz amarilla es la que debemos encender ante las equívocas señales que el gobierno está enviando a las empresas de menor tamaño. Resulta paradójico que en el año del Bicentenario, se implemente el estatuto especial para estas empresas y, en paralelo, la autoridad realice acciones que afectan gravemente la competitividad de las mismas.

Recientemente a través del sistema de compras públicas, el Gobierno de Chile decidió licitar las asesorías comunicacionales y los servicios publicitarios de manera centralizada. Quizás el loable objetivo de incrementar los niveles de coordinación intergubernamental y reducir la discrecionalidad en estas materias, terminó dañando a la industria, la competencia y en especial a la pequeña y mediana empresa.

La industria de los servicios publicitarios se encuentra integrada por diversos actores. Creativos, diseñadores, productores e impresores, por nombrar algunos. Esto actúa como generador de múltiples empleos directos e indirectos, y facilita la competencia entre las diversas ofertas de servicios en cada uno de sus rubros o etapas.

El hecho de licitar la totalidad de los servicios publicitarios de manera centralizada, impidió que cada servicio pudiera ejercer libremente el derecho a licitar sus requerimientos publicitarios, y por tanto, ad hoc a las normas sobre compras públicas, optaran por aquellos que poseían know how o expertise en determinadas áreas de gestión.

Por regla general, las licitaciones centralizadas exitosas se refieren a “productos” y no a servicios, ya que mientras los primeros pueden estandarizarse en las diversas instancias de gestión; tratándose de “servicios”, las particularidades de cada sector de gobierno requieren de servicios o asesorías especializadas o, al menos, diferenciadas. Por su parte, la centralización de los servicios fomenta la concentración de la industria que los presta, facilita la integración vertical de la industria publicitaria, fomenta la subcontratación no susceptible de ser fiscalizada por el organismo contralor, perjudica a las empresas de menor tamaño y reduce el impacto en el empleo.

Desde el punto de vista de los montos, el proceso alcanzó las 5 millones de UF, es decir una cifra superior a los U$250 millones. Cifra que parece excesiva, si se considera el constante discurso oficial de la necesidad de financiar la reconstrucción. Pero más allá de dicha consideración, parece desconcertante que se pretenda distribuir tal cantidad de recursos en un reducido número de empresas.

Al observar las bases de licitación, me surge una preocupación estructural. Y es, si el gobierno exigió en las bases como requisito de postulación, un conjunto de condiciones que sin decirlo explícitamente, excluyó a las medianas y pequeñas empresas. Montos mínimos de facturación anual, galardones internacionales de las empresas y de sus integrantes, en fin, requisitos que según los entendidos del rubro, no cumplen más de media decena de grandes compañías del país.

El resultado de la licitación fue la consecuencia lógica de lo exigido. En un principio sólo 3 grandes empresas publicitarias se adjudicaron la millonaria propuesta. Luego, producto de un triple empate en el tercer lugar, la comisión decidió ampliar la adjudicación a 5 agencias publicitarias. La consecuencia práctica, cientos de pequeñas y medianas empresas quedaron fuera del proceso, y ahora deberán esperar la voluntad de estas agencias para subcontratar sus servicios en alguna de las etapas de desarrollo de las asesorías o servicios comunicacionales al gobierno. Dicho de otro modo, sólo 5 empresas publicitarias se adjudicaron las casi 5 millones de UF. Por decirlo menos, inconveniente.

En un país que avanza a pasos agigantados por la senda de la transparencia y donde existe una creciente conciencia de la necesidad de fomentar la competencia, en particular, a las empresas de menor tamaño; decisiones como la anterior desconciertan y siembran un manto de dudas sobre el rol del estado en la redistribución de recursos, en la generación de condiciones de competencia, sobre la verdadera intención de beneficiar a un sector, que por su naturaleza requiere de apoyos adicionales, o al menos de igualdad de condiciones para competir con grandes conglomerados nacionales e internacionales.

Por ello es que junto a representantes de “Mercado Transparente” y de algunas empresas de menor tamaño, recurrimos a la Fiscalía Nacional Económica, a fin de que inicie una investigación por conducta atentatoria contra la competencia. Nuestro objetivo es evitar que este proceso siente un precedente de cláusulas discriminatorias hacia las empresas de menor tamaño y se favorezca aún más la concentración económica en nuestro país, y todo ello al amparo del estado.

Todas las medidas que tiendan a optimizar el uso de recursos públicos serán bienvenidas, pero junto a ello debemos resguardar el derecho que asiste a miles de pequeñas y medianas empresas, para participar de manera transparente e igualitaria de los procesos de licitación de los servicios del estado de Chile. Sólo así predicaremos con el ejemplo y fortaleceremos a quienes constituyen la principal fuente de empleo de nuestro país: la Pyme

Confusión, es la palabra que mejor refleja lo expresado por el Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, en columna publicada en este diario. Dicha misiva se funda en diagnósticos errados y por tanto concluye de igual forma. Por ello he creído necesario realizar algunas precisiones para evitar la confusión de los lectores.

La autoridad señala que la última década fue mala en términos de victimización. Como sustento cita encuestas de la Fundación Paz Ciudadana de los años 2000-2004 obviando las encuestas posteriores que son justamente las que demuestran una disminución del delito. Luego, parece extraño que una autoridad de gobierno ignore la información del órgano oficial del estado de Chile y reconocido por la OCDE, el INE, según el cual, la victimización entre el año 2006 y 2009 se redujo en 4,7 puntos porcentuales.

Posteriormente hace mención a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública (ENSP) y la ubica como el fruto de un gran acuerdo político de seguridad entre el gobierno y la oposición de entonces. Su lejanía con el tema lo conlleva una nueva “confusión” ya que la ENSP es un instrumento de gestión elaborado por el gobierno de Michelle Bachelet junto a Carabineros de Chile, PDI y Ministerio Público, lanzado en Noviembre de 2006; mientras que el acuerdo de seguridad pública gobierno–oposición es posterior, de Diciembre del año 2007.

Luego critica ciertas metas y programas lo cual es absolutamente legítimo. Todo instrumento de gestión es perfectible. El mérito de la ENSP radicó en ser la primera estrategia integral de trabajo con fijación de metas públicas y medibles, lo que permitió ordenar la oferta pública en seguridad y obtener resultados concretos.

El Plan Chile Seguro, se funda innegablemente en la ENSP. La integralidad del modelo, los ejes utilizados, la fijación de metas cuatrianuales, los sistemas de medición, entre otros aspectos, son similares. Esto refleja que el instrumento original apuntó en la dirección correcta y la actual autoridad transita por el mismo camino, con las debidas correcciones, mejoras y focalizaciones propias de los resultados de la Encuesta de Victimización 2009.

Respecto de la meta planteada por el “Plan Chile Seguro”, destaco el valor que tuvo el ministro de hacerla pública siguiendo lo inaugurado por el gobierno de Michelle Bachelet y sentando las bases para que, cualquiera sea la autoridad de turno, deba plantearse de cara al país el objetivo de su etapa de gestión. La cifra comprometida, 4.6 puntos de reducción en la victimización en 4 años constituye un importante desafío que creo podrá alcanzarse si lo escrito se transforma en realidad, llegando casi a igualar al período 2006-2009 que alcanzó 4.7 puntos porcentuales de disminución del delito.

Finalmente resulta relevante que la autoridad entienda que su misión es gobernar sin necesidad de perder tiempo en la descalificación de sus antecesores ya que ello implica denostar a miles de carabineros, detectives y fiscales que fueron parte activa y operativa de los logros alcanzados por el país y a los cuales debo un profundo agradecimiento y respeto. La convocatoria es a sumar esfuerzos, experiencias  y capacidades por un objetivo mayor, la seguridad de nuestros compatriotas.

A través de un medio de comunicación, hemos conocido la existencia de un “instructivo comunicacional” elaborado por la Secretaría de Comunicaciones del Ministerio Secretaría General de Gobierno y distribuido a ministros, subsecretarios e intendentes de la actual administración. Ciertamente, la facultad, o más bien la necesidad de crear instructivos comunicacionales, resulta relevante para la correcta y armónica difusión de los mensajes que el gobierno pretende transmitir a los ciudadanos, a través de los medios de comunicación. Mas allá de las opiniones respecto de la calidad del mismo, corresponde hacer un alto para evitar que pase desapercibida, una situación de extremo grave consignada en dicho documento. En efecto, en el texto referido señala:

“(…) Esto sin dejar de recordar (mencionar) a nuestros adversarios y nuestros inspiradores:

-Adversarios:

El terremoto y maremoto

Los delincuentes y nacotraficantes

Las irregularidades, los operadores políticos y la mala administración

Los que diseñaron e implementaron el Transantiago

La oposición que le negó US$1.000 millones a los damnificados. (…)”

Qué distinto es el mensaje público enarbolado por el Presidente Piñera y su Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter. Qué dicotomía existe entre lo que se instruye en este texto, con lo que el Ministro Larroulet transmite en el Congreso para pedir apoyo a los proyectos de ley.  ¿Cuál es la línea de este gobierno? ¿Serán acaso dos almas al interior de este? Lamentablemente creo que no, ya que la distribución de este tipo de instructivos, deben ser previamente visados por la autoridad política. Si la Secom (autora del instructivo) depende de la Ministra Secretaria General de Gobierno, Ena Von Baer, es ella quien debe responder por su redacción y distribución. Si se excusa en que lo desconocía, entonces debe responder por su incompetencia y falta de control de sus subordinados. Ahora, si la Secom está reportando directamente al gabinete presidencial, la situación es aún más compleja, ya que implica directamente al Presidente de la República y a su entorno más cercano, lo que revelaría una falta a la verdad entre lo que se cita en las “cadenas nacionales”, apelando a la unidad y la cooperación como nueva forma de gobernar, y la decisión de agredir a sus “adversarios”.

Finalmente cabe reflexionar respecto del concepto utilizado. Somos oposición, incluso adversarios políticos. Podemos pensar distinto y tener diferencias profundas - o no tanto-  con la actual administración. Pero nada de lo anterior, da derecho a funcionarios de gobierno, a servidores públicos, a compañeros de vocación, a poner en la misma balanza a la oposición con delincuentes y narcotraficantes.

Tratar a la oposición al mismo nivel, refleja el profundo espíritu antidemocrático que impera en el subconsciente de quien redactó el documento. Refleja la incapacidad de aceptar las reglas del juego democrático y de rebatir con argumentos las posiciones divergentes. Conlleva una concepción autoritaria del ejercicio del poder, donde se instruye a descalificar a los interlocutores y no desvirtuar con el poder de las ideas. Implica la renuncia a la convicción y disuasión de los adversarios y supone su descalificación como forma de imponer sus visiones particulares. De igual forma, su distribución supone una “orden o instrucción” a la totalidad de las autoridades de gobierno. Dicha distribución debe tener respaldo de autoridades de primera línea, con lo cual se validan los conceptos vertidos en él y se transforma en un documento oficial (oficioso) del actual gobierno. Las mismas autoridades no serían operadores políticos sino destacados cuadros técnicos. ¿Qué hará entonces un destacado técnico con tal documento? Si lo lleva adelante, sufrirá su mutación hacia operador político, corriendo el riesgo de pasar a ser parte de los “adversarios” señalados en el instructivo.

No cabe duda, el documento es un documento político, elaborado con una intención política, buscando un efecto político, elaborado por un operador político, destinado a afectar a la oposición, pero creo que su publicación perjudica en primer orden a quien lo elaboró, por quedar de manifiesta su escasa capacidad comunicacional, su nula vocación democrática y su cuestionable respeto por la diversidad. Pero luego, desprestigia a las autoridades que permitieron por acción o por omisión su distribución, transformando en oficial un documento que refleja la inconsecuencia entre el decir y el actuar. 

Durante los últimos días, nuestro país ha sufrido una regresión de casi 10 años. El debate sobre la petición de las iglesias Católica y Evangélica, de otorgar un indulto bicentenario a condenados recluidos de libertad, removió una vez más aquellos temas que aparentan estar superados, pero que al menor debate vuelven a recordarnos cuan divididos estamos los chilenos.

Algunos sectores han cuestionado que la Iglesia Católica haya pedido el indulto al gobierno y, con esto, haber incomodado al Presidente de la República. A ellos, cabe recordarle que el derecho a petición aún permanece incólume en nuestra constitución política (no sé por cuánto tiempo más). Además, es menester rememorar que para las iglesias, la clemencia constituye una virtud y un elemento esencial derivado de la misericordia divina. Es decir, más allá de la opinión que se tenga sobre la medida, resulta de pleno derecho y de toda lógica que las iglesias soliciten a la autoridad política el ejercicio de dicha facultad, a fin de otorgar el beneficio del indulto a quienes se encuentran privados de libertad.

En el caso de nuestro país, la complejidad de la solicitud no se funda en la petición de misericordia, ni en el solicitante de ella, sino en sus potenciales beneficiarios. Nuestra historia reciente (o ya no tan reciente), condiciona todo este debate. El sólo hecho de que se discuta la posibilidad de beneficiar con un indulto a personas condenadas por delitos de lesa humanidad contra connacionales, resulta traumático para la sociedad. Reviven las heridas no cerradas y afloran las más profundas divisiones de nuestra clase gobernante. Para decirlo de otra forma, la política no está preparada para discutir este tipo de decisiones en un marco de respeto y tolerancia. No lo está, porque han sido muchas las cortapisas que los familiares de las víctimas han debido sortear para obtener atisbos de justicia, justicia parcial o impunidad total, según los casos. Hay quienes -a casi cuatro décadas de los hechos- aún no consiguen información respecto del destino de sus familiares, es decir, de justicia ni hablar. Entonces, mientras esas heridas no logren cicatrizar con verdad y con justicia, todo intento por aplicar la clemencia respecto de quienes participaron de hechos de esa naturaleza, resultará traumático para la sociedad.

Por otra parte, resulta extremadamente complejo cuando quien debe decidir sobre dicha solicitud de misericordia, es justamente el representante del poder ejecutivo, el mismo poder que utilizó su fuerza para cometer delitos. Si con la fuerza del gobierno se persiguió y se asesinó, no parece justo ni razonable que sea el mismo poder el que perdone y deje en libertad.

NO al indulto! Dijimos muchos. Algunos en atención a los potenciales beneficiarios, otros además cuestionamos la improcedencia de la institución. El indulto no debe sobrevivir esta discusión. Es hora de que la clase política inicie un debate en profundidad respecto de ciertas instituciones extemporáneas, anacrónicas e injustificables en el actual estado de desarrollo democrático republicano, a fin de evitar que estos debates sean cíclicos y la ciudadanía observe cada cierto tiempo debates legítimos, pero sin correcciones institucionales.

Desde el punto de vista de su origen, el indulto carece de justificación en nuestras actuales circunstancias. En efecto, éste reconoce su origen en los regímenes monárquicos, donde el poder del rey no emana de la voluntad soberana, el pueblo, sino de Dios. Como tal, el rey actúa por delegación divina de su misericordia y, por tanto, posee la potestad divina del perdón o la clemencia. Así,  la intervención del monarca en la suspensión, interrupción e incluso amnistía de personas, que hubieren sido previamente sancionadas por la institución encargada de la administración de justicia, responde a una delegación divina y al ejercicio del poder terrenal derivado.

1789, el año de la Revolución Francesa, fue el inicio de un cambio en las estructuras de poder público. El nacimiento de la República, cambiaría para siempre la forma de administración y ejercicio del poder. La separación de funciones se transformó en un elemento de la esencia de la nueva forma de estructura social, donde cada poder del estado, ejerce sus funciones sin intromisión del resto de ellas.

Nuestro país desde 1810 se declaró República independiente, poniendo fin a la dependencia monárquica de la corona española. En dicho momento, los libertadores de la patria optaron por constituirse bajo el modelo republicano, con un régimen democrático, aunque restringido. Con ello abrazaron la separación de funciones, dejando en manos del gobierno la función gubernativa, en el parlamento la función legislativa y en el poder judicial la función de administrar justicia.

Aquí, impera el principio de la democracia representativa, en virtud del cual la ciudadanía o el pueblo en su condición de poder originario, lo delega en una autoridad elegida por éste, poniendo fin al origen divino del poder propio de los regímenes monárquicos. Las funciones legislativas, gubernativas y jurisdiccionales son ejercidas de conformidad a las normas que el constituyente elabora para ello.

Siendo Chile una República, destaca entonces la sobrevivencia de una institución eminentemente monárquica como el indulto. Ya en los albores del bicentenario de nuestra independencia republicana, debiéramos concentrarnos en discutir la pertinencia de su mantención en el ordenamiento jurídico de nuestro país. Si se ha consolidado la separación de funciones, ¿por qué entonces permitimos que el Presidente de la República de turno intervenga en una decisión propia de otro poder del estado? ¿Resulta lógico que la decisión del órgano al cual el constituyente ha encomendado la función de administrar justicia, sea sobrepasada, torcida o directamente modificada por otro poder del estado? ¿No será mejor respetar el conocimiento cabal, que la administración jurisdiccional tuvo al momento de observar las sanciones que impusieron a  un determinado delincuente o criminal?

Chile ha logrado un avance considerable en el respeto a las instituciones, y es hora que inicie reformas destinadas a profundizar el sentido republicano, dentro de las cuales debiera considerarse la eliminación de la intervención del Presidente de la República en la facultad de indultar. Con ello evitaríamos que el soberano se inmiscuya en un tema de suyo complejo, donde más allá de la asesoría propia de su equipo jurídico, carece de la profundidad de análisis y particularidades que los jueces tuvieron en vista al momento de dictar sentencia. Igualmente se mantendría el respeto por la función jurisdiccional y se pondría fin a la intervención política en la administración de justicia.

¿Terminaría con ello la posibilidad de clemencia, misericordia o indulto? No necesariamente, el sentido de mi propuesta no es extremar las sanciones ni poner fin a la posibilidad de indultar a un condenado con particularidades como edad avanzada, enfermedad terminal, sin participación en delitos de sangre, en fin, condiciones posibles de discutir. El tema es la institución que los concede. Podría incluso pensarse en la mantención de la institución del indulto particular, haciéndolo recaer en el máximo tribunal de la República, la Corte Suprema de justicia. Con ello, mantendríamos en la esfera de la propia función jurisdiccional, la potestad de indulto.

De esta manera, estaríamos poniendo fin a la intervención política en la administración de justicia e independientemente del gobierno de turno y de los potenciales beneficiarios, el debate recaería sobre elementos técnicos y las condiciones particulares de cada caso.

Ya son millones las personas que se han visto afectadas por el uso y abuso de sus datos personales. El lucrativo negocio de la administración y gestión de bases de datos, está generando el empobrecimiento de miles de personas, que ven cómo diversos ámbitos de la sociedad les cierran las puertas por el sólo hecho de poseer –o haber poseído- deudas con el sistema bancario, comercial y hasta municipal.

Ciertamente, la existencia de registros de morosidades comerciales, constituye un elemento necesario para la seguridad mercantil en las relaciones entre clientes y proveedores de servicios o productos. El punto entonces, radica en crear una regulación que, por una parte, permita  incrementar los niveles de seguridad en las transacciones mercantiles y, por otra, evite que dichos datos sean utilizados por terceros, ajenos a dichas operaciones, utilizándolos como un certificado de conducta y admisibilidad a determinadas funciones de la vida cotidiana.

Resulta común observar cómo “el Dicom” actúa como cerrojo de oportunidades laborales, dejando fuera a quienes allí figuran. De igual forma, muchos niños y jóvenes no pueden ser matriculados en algunos colegios particulares o centros de educación superior privado por la morosidad de sus apoderados. Ya son cientos los jóvenes, cuyos planteles de educación superior los enviaron a Dicom, y con ello los condenaron a la marginalidad laboral y crediticia. El estado, desde hace algunos años se ha sumado a este proceso de exclusión, exigiendo “Dicom” a postulantes a subsidios e incluso a ciertas funciones públicas.

Cada día hay cientos de chilenas y chilenos que no encuentran trabajo por estar en Dicom. Si queremos que los deudores paguen lo que deben, no parece justo, racional, lógico ni humano, que no se les dé la oportunidad de trabajar para conseguir los recursos necesarios para ello. El actual sistema los lleva al círculo vicioso de deuda por desempleo y desempleo por deuda, lo que constituye una verdadera condena social, que genera empobrecimiento, marginalidad y muchas veces incentiva la informalidad como forma  de proveer de recursos a la familia.

Hoy pareciera más grave “tener Dicom” que tener antecedentes penales. De hecho, de conformidad a las normas vigentes, hoy un criminal que ha cumplido condena por un delito deleznable como la violación de un menor, podría borrar por una vez en su vida sus antecedentes criminales, y al momento de sacar su certificado dirá “Sin antecedentes”. Mientras que el deudor, por más que haya pagado su deuda monetaria, seguirá existiendo en el “histórico” que poseen bancos e instituciones financieras, y sus consecuencias lo acompañaran ad eternum. Es decir, nuestra sociedad aparentemente da mayor protección a la propiedad que a la vida y la integridad de las personas, reflejando con ello un desvalor profundo que debe llevarnos a reflexionar.

Chile avanza a paso firme hacia el desarrollo. El punto entonces es cómo somos capaces de que dicho proceso sea para todos nuestros compatriotas; para los que han tenido las oportunidades y también para aquellos que quisieron innovar, emprender o mejorar su  condición de vida y se cayeron en el intento, ya sea por errores de administración o lisa y llanamente por imprevistos, como la enfermedad catastrófica de un familiar o la cesantía.

Debemos avanzar rápidamente en una regulación de este mercado, que consigne elementos como la eliminación de su acceso universal, a través de la consagración del principio de la finalidad del dato, normado en las principales legislaciones internacionales. Asimismo, la consolidación de información positiva y negativa de ciudadanos, para distinguir entre el deudor ocasional por imprevistos y el incumplidor consuetudinario. Y Finalmente, establecer la creación de la agencia de protección de datos personales, a fin de supervigilar el necesario equilibrio entre la transparencia de la información pública de los ciudadanos y el respeto por el buen uso de los datos personales de nuestros connacionales. Sólo así evitaremos sumar a más chilenos y chilenas al proceso de exclusión social, laboral y crediticio, que hoy impera en Chile y cuyas consecuencias podrían ser objeto de explosiones sociales en el corto plazo.

Así y todo, cerca de 10 mil militantes concurrieron voluntarios o acarreados a sufragar para renovar más de 600 cargos de niveles nacional, regional, provincial y comunal. La menor cantidad de votantes desde su fundación podría justificarse con los elementos señalados anteriormente, pero la realidad refleja otro problema más complejo de enfrentar y muy difícil de superar.

No es sorpresa afirmar que los partidos políticos (todos) se encuentran subsumidos en una crisis de representatividad y gozan de la desconfianza generalizada de la ciudadanía. Pero en lo particular, debemos asumir que el PPD llega al 2010 subsumido en una profunda crisis interna, marcada por una descomposición de las relaciones humanas de sus liderazgos tradicionales, por la implementación generalizada de prácticas alejadas de los principios originarios, con un caudillismo unicolor desmesurado, contradicciones (o incoherencias) entre el pensar y el hacer y con una tendencia a caricaturizar o mediatizar los debates por temor a adoptar definiciones que puedan producir quiebres o fugas de la estructura partidaria.

La nueva mesa directiva posee particularidades que le otorgarán mayor grado de credibilidad en la base partidaria. De igual forma su estatura para enfrentar los debates de país y los desafíos de la coalición será distinta al no haber sido factor de división en procesos electorales previos. Pero sin duda cargará con la responsabilidad de dar conducción al proceso más difícil que haya enfrentado el PPD desde su fundación.

Por una parte deberá definir el “qué y para qué del PPD” en este nuevo escenario político. ¿Qué le ofrecerá el PPD a Chile? ¿Cuál será su definición ideológica o su oferta programática? ¿Cuál será su rol en la oposición y su política de alianzas? ¿Cuál será la aspiración futura del otrora partido representante de la Tercera Vía? ¿Seguirá permitiendo la autonomía de opinión en temas cruciales para el país? ¿Seguirán sus caudillos internos tomando definiciones al margen de la institucionalidad y notificándonos a través de los medios de comunicación? ¿Habrá algún sistema para exigir coherencia en los planteamientos estructurales?  No se trata entonces de coartar la libertad de opinión, sino más bien de poseer una mínima coherencia entre la institucionalidad partidaria y sus directivos o representantes a fin de recobrar la seriedad política que nos caracterizó en nuestros orígenes.

Por otra parte, esta directiva deberá crear partido. Crear institucionalidad y no permitir que la estructura siga dependiendo del caudillo de turno. Si el PPD quiere influir en el profundo cambio político y social que vive nuestro país, debe crear una orgánica de base local, incluir la militancia temática y la militancia virtual, incorporando a las bases ciudadanas organizadas en movimientos sociales o funcionales. Reconectarse con los jóvenes en la organización estudiantil y laboral, promover la creación de emprendimientos políticos en las bases que levanten nuevos liderazgos locales de cara al próximo proceso electoral que se verificará en 27 meses.

Como punto de partida la nueva directiva debiera iniciar un proceso de refichaje de la militancia a fin de depurar de manera transparente el actual padrón electoral, ya que al recorrer a quienes figuran en los registros vigentes, es posible observar muchas personas que carecen de interés en seguir participando, militantes que no saben que lo son y que finalmente son objeto de acarreos en cada acto electoral por el caudillo que logra descubrirlos en el padrón histórico del PPD para fines particulares.

En fin, la actual situación del PPD es de precariedad institucional y de carencia ideológica y programática por lo que el desafío de esta nueva directiva integrada deberá centrarse en la configuración de un partido sólido y coherente que le ofrezca a Chile una alternativa progresista y responsable donde ser oposición constituya un desafío para elaborar propuestas sólidas que nos constituyan en alternativa política y social real para el Chile del post bicentenario.

El desafío es inmenso y extremadamente riesgoso porque se trata de definiciones que ciertamente generarán tensiones internas. Para ello se requiere contar con la voluntad de muchos dirigentes y dirigentas que indistintamente del grupo interno al cual adhieran, comprendan que el desafío es mayor y se trata de verificar la continuidad y coherencia de este partido que tanto le ha dado a Chile y que de renovarse en procesos, formas, estilos y propuestas podrá entregarle mucho al Chile del 2020.

Finalmente, creo oportuno proponer a la autoridad la creación de incentivos y subsidios para la conservación y restauración de edificios o residencias patrimoniales, a fin de evitar que la declaración como inmueble patrimonial constituya un gravamen imposible de  costear para sus propietarios, y así conservar las casas que habitaron los fundadores de la patria.

Felipe Harboe Bascuñán
Diputado de la República
Coordinador Bancada Patrimonial
Cámara de Diputados

No obstante reconocer su utilidad y necesidad, creo necesario advertir que las interceptaciones telefónicas constituyen una medida intrusiva, que afecta garantías  constitucionales, como el respeto y la protección a la vida privada y la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada, consignadas en los numerales 4 y 5 respectivamente, del artículo 19 de la Carta Fundamental. Es justamente esta última disposición, la que deja a la ley y no a otra fórmula, el mecanismo para la interceptación de las comunicaciones privadas, a fin de asegurar el rango normativo de su regulación. Su aplicación debe ser excepcional y previa autorización de una institución diversa de aquella encargada de la persecución criminal. En efecto, el persecutor como encargado de dirigir las investigaciones puede realizar un conjunto de actuaciones procesales e investigativas destinadas a comprobar la responsabilidad de sus investigados. Pero, su límite natural aparece cuando dentro de sus acciones requiere vulnerar o afectar alguna garantía constitucional. Este es un caso típico. Es allí entonces donde aparece un tercero, ajeno a la institución (Juez de garantía), quién se encarga de evaluar y ponderar en atención a antecedentes objetivos presentados por el fiscal, si excepcionalmente, se puede autorizar la afectación y limitación de dicha garantía constitucional, de conformidad a lo preceptuado en el artículo 222 del Código Procesal Penal.

El anuncio del señor Fiscal Nacional, en orden a implementar un sistema propio de interceptaciones telefónicas, ciertamente responde a la intención de mejorar las técnicas intrusivas en beneficio de la investigación. Pero genera dudas, en cuanto a la conveniencia que sea justamente la entidad prosecutora -encargada de solicitar estas medidas intrusivas- quien posea dicha tecnología.

El actual debate requiere observar la experiencia internacional, la cuál, lejos de ser uniforme, mayoritariamente se orienta a la creación de un sistema interinstitucional de interceptaciones telefónicas, donde coexisten representantes de la entidad persecutora, del poder judicial, de la agencia de inteligencia (según proceda), de las compañías de telecomunicaciones y de las policías. Esta integración, junto con asignar al Juez de garantía (o su similar) la facultad de autorizarlas, permite la creación de protocolos y procesos predeterminados, expeditos y seguros donde coexisten representantes de las diversas instituciones involucradas en un espacio común, creando un control interinstitucional, destinado a evitar eventuales abusos o errores que puedan cometerse en el uso de dicha medida intrusiva.

La regulación de procedimientos, atribuciones y sanciones por mal uso, es normada por lo general por preceptos legales, a fin de evitar discrecionalidades de autoridad o del funcionario de turno, que puedan entorpecer dicho procedimiento o abusen del mismo. Junto con ello, se establece por ley la obligación que asiste a las compañías de telecomunicaciones de proceder a aplicar la respectiva medida intrusiva cumplidos los procedimientos de verificación interinstitucional, evitando excusas en su aplicación, por carecer de líneas disponibles, lo que muchas veces frustra algunas investigaciones, donde la oportunidad de la medida marca la diferencia entre el éxito o el fracaso de su utilización.Ciertamente debemos incrementar los mecanismos de lucha contra el crimen organizado, pero ello debe llevarse a efecto con pleno respeto a las garantías fundamentales y, cuando se requiera su afectación en beneficio de la sociedad toda, su procedimiento de aplicación sea lo suficientemente reglado y protegido, para no amparar errores o abusos que puedan implicar injusticias o afectación de la vida privada de ciudadanos honestos.

En cuanto a la temporalidad de la información crediticia de los ciudadanos, estas agencias mantienen ésta actualizada por rangos de tiempo, que varían entre los 5, 10, 15 y 20 años. Esto permite que los administradores de la agencia y sus analistas, observen el comportamiento de pago de los ciudadanos en un horizonte de largo plazo, pudiendo advertir comportamientos globales y eventuales coyunturas que afectaron su capacidad de pago, pudiendo proyectar con mayor justicia y objetividad una opinión respecto de la disposición de pago que posee un individuo. Dicho de otro modo, estas bases de datos contienen la información histórica, tanto positiva como la negativa, pudiendo el analista sacar conclusiones basadas en el comportamiento general y no sólo basado en incumplimientos momentáneos.

Otra diferencia con nuestro sistema, es que dicha información no es de acceso público. En efecto, en las economías modernas el sistema se basa en el principio de la “finalidad del dato”. Es decir, sólo pueden acceder a los antecedentes comerciales de un ciudadano, quien justifique un fin legítimo sobre ellos (contratos, suscripciones, otorgamiento de créditos, recepción de documentos a futuro, etc.) Justificado el fin, la agencia da traslado al ciudadano cuyos antecedentes han sido solicitados, y éste tiene la facultad de aceptar o rechazar el acceso del solicitante a su propio riesgo. Es decir, si un ciudadano no acepta que un solicitante acceda a sus antecedentes, obviamente está asumiendo que dicha persona, al no conocer sus antecedentes pueda negarse a la aceptación de un documento de garantía u otra contratación que pretendía realizar.

Como se observa, el sistema de administración y manejo de antecedentes comerciales de las economías desarrolladas es completo y desde el punto de vista de su accesibilidad es restrictivo, toda vez que parte del supuesto que los datos personales son parte de la propiedad de cada sujeto y su uso debe ser para efectos de la seguridad mercantil de ciertas instituciones o personas que justifiquen su conocimiento y no de uso o tráfico común.

En Chile, la regulación de la protección de datos personales es precaria, y en general de escasa aplicación práctica. Si bien las normas contienen cierta regulación y se consigna la protección de los datos personales, la cantidad de omisiones es tal, que deja abierta la puerta para la peligrosa situación que vivimos hoy.

No es un secreto que los bancos e instituciones financieras manejan bases de datos que reflejan el comportamiento de pago de sus clientes. Situación de suyo legítima, toda vez que la colocación de recursos debe ampararse en capacidad de pago de sus clientes. No obstante, el manejo reservado que se hace de ellas, difiere sustancialmente de lo que pasa con las bases de datos de acceso público disponibles en el mercado.

El surgimiento de Dicom como empresa privada, hoy multinacional, y su lucrativo negocio de la venta de antecedentes de terceros, está generando consecuencias originalmente insospechadas y socialmente nefastas para las personas, familias, emprendedores y para toda la sociedad. En efecto, el uso y abuso de dicha información de parte de terceros, está significando que en Chile sea más grave “estar en Dicom” (poseer antecedentes de incumplimientos comerciales), que poseer antecedentes penales. De partida, dicha empresa maneja información parcial y coyuntural, sólo relativa a incumplimientos y nada exhibe respecto del buen comportamiento comercial o pagos. Esta situación, obviamente condiciona el juicio que se hace al solicitante de la información, ya que lo único que observa, son los incumplimientos comerciales y no la consolidación positiva y negativa de la información. Luego, la información exhibida es de irregular temporalidad, lo que también condiciona los análisis y proyecciones de riesgo de los ciudadanos morosos.

Por otra parte, el acceso universal a la información, es otro aspecto que comenzó a afectar a quienes aparecen con antecedentes de morosidad, ya que al tratarse sólo de información negativa y de acceso universal, cualquier ciudadano puede solicitarla y hacerse un juicio basado en la información negativa y, por ende coartar las posibilidades de actividades comerciales, de garantía e incluso laborales del consultado.

Desde el punto de vista social, el uso y abuso de las bases de datos de antecedentes comerciales, está condicionando el desarrollo y emprendimiento de muchas personas, familias, micro y pequeñas empresas. El comercio público de sus datos (con las deficiencias señaladas) perjudica de manera invariable a un creciente sector de la sociedad. Hoy por hoy, muchos padres o madres no pueden matricular a sus hijos en colegios particulares subvencionados o de educación superior privada, porque no les aceptan documentar con títulos de crédito al “estar en Dicom”. De igual forma se les niega el acceso a un teléfono móvil, o a la atención de urgencia en alguna entidad de salud privada al no poder documentar con letra de cambio o pagaré. Pero lo que sin duda resulta más grave, es que en la actualidad algunas empresas y entidades públicas están exigiendo los antecedentes de Dicom para otorgar oportunidades laborales, lo que se ha transformado en una forma de marginación social a quienes se encuentren en dicho registro. Es decir, la sociedad les está enviando el mensaje de que si no pagan sus deudas, no pueden acceder al trabajo. Siendo imposible que alguien pague sus deudas, si carece de fuente laboral al tener antecedentes de incumplimientos mercantiles. Es un círculo vicioso que condena a la persona, familia y a un segmento social a vivir al margen del sistema crediticio y laboral formal, fomentando la informalidad e incluso en algunos casos desesperados, la ilegalidad parta sobrevivir.

Nuestro derecho civil descansa sobre un principio básico, la buena fe. Más allá del fomento de algunos a la desconfianza generalizada, debemos mantener la institución que Andrés Bello plasmara en nuestro Código Civil. Quien contrae una obligación comercial, por regla general, es porque se encuentra en condiciones de pagarla y está dispuesto a ello. El problema surge cuando imponderables aparecen y afectan la capacidad de pago. El accidente o enfermedad catastrófica de algún miembro de la familia, la muerte del proveedor o la cesantía involuntaria. Se trata entonces, de personas que regularmente han pagado sus obligaciones, quieren pagar pero no pueden: esa gente no merece una condena  a la marginalidad comercial, sino un apoyo para empezar de nuevo y reemprender. Eso es lo que estamos proponiendo. No se trata de una condonación de deudas, ya que hay muchos acreedores que requieren de esos pagos para salir adelante. Se trata sólo de borrar los antecedentes de DICOM por única vez, a fin de evitar que su uso indiscriminado incremente los márgenes de segregación social y siga incrementando los niveles de cesantía de personas por el hecho de poseer deudas.

En Chile, actualmente es posible borrar por una única vez en la vida los antecedentes penales (crímenes y simples delitos) que comete una persona. ¿Por qué entonces no podrían borrarse por única vez las morosidades? Ser deudor no puede ser sinónimo de ser delincuente, hay muchos y muchas, que quieren pagar y no pueden porque el sistema los margina por el sólo hecho de tener un documento impago, morosidad o un simple retraso.

El Movimiento ACCION agrupa a miles de ciudadanos de diversos pensamientos, credos, posiciones, orígenes y lugares de residencia. Tiene por objetivo poner las manos en acción para modificar algunos aspectos de la sociedad que nos están perjudicando y hacer una sociedad más integradora, no sólo en el discurso, sino con hechos. A través de esta campaña, el movimiento ACCION te convoca a recolectar firmas para pedirle al gobierno que envíe un proyecto de ley, que permita eliminar por única vez los antecedentes del Dicom y que junto a ello se establezca una regulación a futuro que termine con el manejo indiscriminado de tus antecedentes comerciales.

La invitación está hecha, el desafío es enorme pero el objetivo es noble y beneficiaría a millones de compatriotas de cara al Bicentenario. Súmate a ACCION y Firma para borrar tu Dicom.

 DIPUTADO FELIPE HARBOE RESPONDE
DECLARACIONES DE SENADOR QUINTANA

Frente a las declaraciones vertidas por el Senador Jaime Quintana creo necesario hacer presente algunas consideraciones:

1-     Parece poco serio que un Senador de la República realice juicios apresurados basados en información de prensa y sin siquiera leer las declaraciones a las cuales se refiere.

2-     El compromiso con los DD.HH. ha sido, es y será parte fundamental no sólo del PPD sino de muchas personas que creemos en la promoción y respeto de los mismos. Sobretodo de aquellos que hemos trabajado y apoyado con hechos y no sólo con palabras el programa de Derechos Humanos que ha representado judicialmente a los familiares de víctimas de las violaciones de los derechos humanos en nuestro país.

 3-     Respecto del nombramiento del Director de Gendarmería reitero lo señalado precedentemente en el sentido que jamás he apoyado su nombramiento como Director de dicha institución, siendo dicha una facultad exclusiva del Presidente de la República y, mi declaración se refiere exclusivamente al proceso de ascensos del año 2004 donde he señalado un hecho objetivo de público conocimiento en el sentido que el General® Iván Andrusco a esa fecha no tenía procesamiento ni condena judicial alguna. 

 4-     Finalmente creo necesario hacer un llamado a incrementar los niveles de rigurosidad en la actividad política a fin de disminuir el creciente desprestigio de esta actividad tan necesaria para el país, sobretodo en momentos donde las ansias de protagonismos personales deben dar paso a la unidad por la reconstrucción del país.

 FELIPE HARBOE
Diputado de la República