La junta extraordinaria llevada a cabo por los accionistas de La Polar generó suspicacias en el mundo político. Por ello, los diputados Felipe Harboe (PPD) y Jorge Burgos (DC) enviaron a la Superintendencia de Pensiones un oficio para que se pronunciara respecto de la legalidad de la concurrencia de las AFP al rescate financiero de La Polar, el que fue acordado por US$ 200 millones.
En la respuesta que Harboe recibió el pasado lunes, la superintendenta Solange Berstein recuerda que hasta ahora no se ha suscrito el aumento de capital, por lo que “no se puede sostener que las AFP han concurrido a un rescate financiero”. Y hace presente que aunque se inclinaron por apoyarlo “no obliga a las administradoras a suscribirlo”. Berstein añade que cualquiera sea la decisión al respecto hay que tener en cuenta que las AFP deben cautelar los fondos de pensiones y obtener una adecuada rentabilidad, que es su objetivo esencial según el D.L. 3.500. Para asegurar que ello se cumpla, la entidad reguladora lleva adelante una fiscalización a las AFP la que, una vez concluida, permitiría “determinar si corresponde o no adoptar medidas legales que competan a este organismo”. En el texto, Berstein advierte que de acuerdo al Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones y circulares dictadas por la superintendencia “especialmente aquellas relativas a parámetros para calcular los límites de inversión, las AFP toman sus decisiones de inversión, careciendo esta superintendencia de más atribuciones que aquellas que digan relación con el cumplimiento de la normativa antedicha”. Reacciones La respuesta no fue suficiente para Harboe. El diputado estima que la superintendencia “no zanja la discusión” ya que “no da una decisión de si es legal o no contribuir con mayor capital a una empresa en riesgo”, señala. El diputado espera un rol más activo del regulador, en términos de fiscalización y prevención. “Si la superintendencia va a esperar que las AFP vayan con fondos de todos los chilenos a contribuir al rescate financiero de una empresa cuya rentabilidad es dudosa, nos parece que no sirve de mucho la existencia de la superintendencia”. El parlamentario advierte que “si se produce el rescate -con capital propio de los fondos de pensiones- y la superintendencia no lo declara ilegal, lo que vamos a hacer es pedir una declaración de ilegalidad de esa entidad”. Y agregó que “no nos interesa generarle problemas a La Polar, a las AFP ni a la superintendencia. Lo que nos interesa es evitar el perjuicio patrimonial de los fondos para los afiliados”.
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