“La justicia es un poder del Estado y las declaraciones del ministro de Justicia atentan contra un principio fundamental de la democracia, la separación de los poderes”, señaló el parlamentario.

El diputado por el PPD, Felipe Harboe, calificó como “desafortunadas”, las palabras del ministro de Justicia, Teodoro Ribera, sobre las actuaciones de los jueces en los últimos casos de desorden público, las que fueron, dijo, “reiteradas por el vocero del gobierno en orden a condicionar los ascensos de los jueces en atención a sus fallos judiciales”
Harboe aseguró que “la verdadera amenaza que ha hecho el ministro de Justicia a los jueces de la República está al borde de la inconstitucionalidad”, agregando que “los jueces de la República merecen respeto”.
“Si aquí tenemos casos donde de 2.600 detenidos solo 5 han sido formalizados, es porque el gobierno y las policías han sido incapaces de acompañar los medios de prueba, ya lo vimos en el caso bombas y en el caso del pakistaní, en ambos casos el gobierno intentó condenar personas, a través de los medios de comunicación y cuando llegó la hora de poner las pruebas en el tribunal, esas pruebas se desvanecieron como el agua y las personas terminaron siendo absueltas”, recordó el parlamentario.
En palabras del parlamentario PPD, “no es aceptable que el gobierno se escude y busque de una u otra forma condicionar la carrera judicial por la incapacidad propia que ha tenido de acompañar elementos de prueba”.
Es por ello, recalcó, “no es aceptable intentar advertir o amenazar a los jueces con su carrera judicial en atención al contenido de los fallos. La justicia es un poder separado del Estado y las declaraciones del ministro de Justicia atentan contra un principio fundamental de la democracia, la separación de poder”.
El diputado Harboe sostuvo, además, que “desde el parlamento, al ministro de Justicia se le recuerda el artículo 76 de la Constitución, que es claro en señalar que -La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos-, por lo que se le pide al presidente de la República que lo controle para que ejerza sus funciones dentro del marco de la Constitución y de la ley”.
“En este país esta viviendo uno de los momentos más delicados de los últimos 20 años de democracia, estamos frente a un gobierno con una alta incapacidad política de diálogo, que se enfrenta con diversos poderes del Estado”, afirmó.
Por último, Felipe Harboe señaló que “en vez de descalificar o amenazar a los jueces yo le diría al gobierno que se concentre en mejorar la gestión del orden público, porque en estos 6 meses hemos visto cosas que no habíamos visto en 20 años de democracia”.